El reinado de Carlos III: las Secretarías de Gobierno y el Motín de Esquilache

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Desde 1759 Carlos III sienta las bases del futuro gobierno de la monarquía en cinco áreas de gobierno perfectamente definidas: Estado, Justicia, Guerra, Marina e Indias y Hacienda. Racionalización que implicaba la especialización del ejercicio del poder corresponde a los secretarios de Estado y de Despacho, o ministros, titulares de las diversas secretarias existentes hasta la remodelación de 1787. Aparece también la Junta de Estado, antecedente directo del Consejo de Ministros. La consolidación del absolutismo en España obedeció por consiguiente a una  administración central, la cual se organizó a partir de las secretarias de Estado, mientras que la territorial lo hizo sobre la institución de los Intendentes.

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Carlos III trajo de Nápoles como hombre de confianza al Marqués de Esquilache, nombrándolo Secretario de Hacienda y de Guerra. El diplomático genovés Jerónimo Grimaldi, se hacía cargo de la primera Secretaría de Estado. La presencia de italianos en tres de las cinco secretarías de estado, dio un tinte xenófobo a las protestas populares de la primavera de 1766 que costaron a Esquilache el cargo de ministro y su presencia en España.

La línea emprendida a comienzos del reinado y proseguida en los años siguientes, se interrumpió bruscamente en 1766 a consecuencia del estallido de unos motines, cuyo preludio arranca de meses atrás, de manera que cuando comenzaba ese año flotaba en el ambiente un difuso malestar originado por diversos factores, como las reticencias despertadas por el advenimiento de los Borbón, algo que en cierto modo Carlos III había reverdecido al mostrar su favor a Esquilache. Las debilidades del sistema también se ponían de manifiesto, las cuales era generadoras de motines de diversa naturaleza; antiseñoriales, de subsistencias y laborales. A esto tenemos que añadirle los bandos sobre uso y costumbres, que fueron los detonantes visibles de una situación explosiva.

El Motín de Esquilache

El conocido como Motín de Esquilache empezó a gestarse como tal el 22 de enero de 1766, con la publicación de un bando contrario al uso de capa larga y sombrero redondo, y que según el escrito prohibía a “los empleados en mi Real Servicio y oficinas” tal indumentaria debido a que se consideraba como una forma de ocultarse para las personas tanto en Madrid como en los paseos que se llevaban a cabo en las afueras. El 10 de marzo se hacía extensiva la medida al resto de la población y con fuertes sanciones para los contraventores del bando. Además, el contenido del bando se imponía en las calles de forma expeditiva y en medio de múltiples incidentes, que culminaron el 23 de marzo con la distribución de panfletos subversivos entre la población. Las refriegas de la multitud tuvieron su culminación con la concentración en las inmediaciones de palacio, con bajas insurgentes y de la guardia valona, aunque escasas, que provocaron que el Rey reuniera su Consejo y optara por no utilizar la fuerza. Las peticiones, algunas de ellas consideradas justas por Carlos III, se basaban en solicitar el destierro de Esquilache, la supresión de la guardia valona y de la Junta de Abastos, la rebaja del precio del pan y de los comestibles y la anulación de los bandos sobre las capas y sombreros. Presentadas estas por el padre Cuenca, fueron aceptadas por Carlos III, y a tal efecto Esquilache abandonó España, entrando en su lugar en el gobierno Juan Gregorio Muniain en la cartera de Guerra, y Miguel de Múzquiz en la de Hacienda. Mientras, el Conde de Aranda era elevado a la presidencia del Consejo de Castilla y nombrado capitán general de Castilla la Vieja. A partir de este momento, Aranda sería el hombre fuerte de la nueva situación.

El Motín de Esquilache se llegó a considerar como fruto de los manejos de los privilegiados contra la política reformista de Carlos III,  u otras como un motín de “corte”, por las intrigas palaciegas y el componente xenófobo de su entorno. Los motines de provincias se propusieron como “motines de subsistencias”, destacando la que pone de relieve el desborde del marco del botín por el hambre y por unas partidas armadas que recorren el territorio pidiendo la rebaja de rentas eclesiásticas y señoriales, o la oficial de la corona colocaba a los jesuitas como principal cabeza de turco. Se ha sostenido también el carácter espontáneo y popular de las revueltas, que se propagan por “simpatía”, como sucede en otros momentos y épocas. Si bien no deja de representar el  carácter político el motín madrileño, en provincias sin embargo, aunque las protestas iban dirigidas hacia las autoridades locales, responsables de los perjuicios que sufrían las clases laboriosas, difícilmente apuntaba a la idea de un cambio a escala estatal..

Los que estaban en el poder conocían la evidencia de un malestar popular, y el caldo de cultivo de esta efervescencia era reconocido. Pero para la Corona el pueblo es solo un medio, porque entre otras razones no se le reconoce conciencia política para alzarse contra los que mandan. Los verdaderos autores están detrás, por lo que hay que buscarlos entre los que aspiran al poder. Cierto sector de la nobleza y sobre todo al clero regular, especialmente a los jesuitas y en menor medida Ensenada estuvieron en el disparadero. Si el pueblo se levantó por la razón que fuese, hasta el punto de humillar al monarca, está claro que se hace necesario un gobierno fuerte, capaz de controlar políticamente en sus justos límites al pueblo, llevando a cabo al mismo tiempo las reformas necesarias para impedir que la situación volviera a producirse. Aparecía el concepto de gobierno-policía, dando sentido a este vocablo en el siglo XVIII como nueva directriz de gobierno, algo que nunca antes se había planteado. Por primera vez en el siglo XVIII, tiene lugar en España un cambio de gobierno bajo la presión popular.

Autor: Antonio Segovia Ganivet para revistadehistoria.es

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