Los antecedentes al proyecto de “exterminio” gitano de 1749

Las Cortes abiertas el 5 de mayo de 1592, a pesar de su tinte claramente económico, se convirtieron en receptáculo de propuestas para “sujetar” a los gitanos. Ya en la sesión del 5 de junio de ese año, se estableció el nombramiento de comisarios para que informaran sobre lo que convenía en el “problema” gitano. Si bien, el punto culminante llegaría en la sesión del 19 de marzo de 1594, cuando los procuradores por la ciudad de Burgos, Jerónimo de Salamanca y Martín de Porras, presentaron una propuesta para “exterminar” a esta minoría étnica.

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Como justificación, hicieron una exposición plagada de todo tipo de prejuicios peyorativos, en consonancia al estereotipo gitano negativo que se hallaba ya consolidado en estas fechas. En su alegato, comenzaron denunciando la forma de vida de los gitanos, calificándola como

“la más perdida que hay en toda la república cristiana, ni aun bárbara”.

La razón de esta mala vida se debía a que eran “gente sin ley”, que vivían

“llenos de vicios, sin ningún género de recato, con gran escándalo de estos reinos y de los naturales de ellos”.

Es en el punto donde se asocia el tema de los gitanos con un problema de orden público, en el que se hallaba también se hallaba inserta la cuestión morisca, tal como se comprobaría en la sesión de 5 de abril de 1596, cuando el representante conquense, Juan Suárez propuso

“que los moriscos y gitanos se repartan por vecindades en el reino, y no traten sino solo en labrar y criar, y servir a labradores y criadores”.

Temerosos de que el “gitanismo” contagiara al resto de la población, pidieron

“poner remedio en un daño tan grande”, y así conseguir “disipar y deshacer de raíz este nombre de gitanos y que no haya memoria de este género de gente”.

El proyecto de “exterminio” gitano

El “exterminio” biológico propuesto consistía en la separación física de ambos sexos y la aculturación de los más pequeños. Para justificarlo, hicieron una exposición plagada de prejuicios peyorativos, acusándolos de ser “gente sin ley”, que vivía “llenos de vicios”. No llegándose a un acuerdo, el proyecto se desechó y se optó por continuar con la política represiva basada en la fijación de las familias gitanas a un domicilio conocido bajo un estricto control de sus personas, costumbres y caballerías.

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